La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, es el elefante en la habitación de los gobiernos de coalición de Pedro Sánchez. Cuando se cumplen diez años desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de marzo de 2015, la conocida como “Ley mordaza” por sus críticos sigue muy presente en la vida política y ciudadana, como se refleja en las 60 iniciativas parlamentarias tramitadas en esta legislatura directa o indirectamente relacionadas con ella.
A pesar de que se aprobó gracias a la mayoría absoluta del PP, pero con el voto en contra de todos los demás grupos parlamentarios, hasta ahora no se ha conseguido el acuerdo necesario ni para derogarla, ni para reformarla.
De estas 60 iniciativas planteadas, el 65% son de control (preguntas parlamentarias), el 20% son legislativas -un porcentaje alto de intentos- y el 15% de orientación política, en forma de Proposiciones No de Ley (PNL). Sumar, con 17 iniciativas y el Grupo Mixto, con 12, han sido los dos grupos parlamentarios más activos en este tema.
Son los resultados que arroja Qué Hacen Los Diputados, una herramienta online de vigilancia política creada por la organización Political Watch. Con el horizonte de este décimo aniversario, hemos analizado el trabajo del Congreso en materia de seguridad ciudadana y calidad democrática. En la búsqueda de iniciativas relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana han aparecido términos como libertad de expresión, derecho de manifestación, cargas policiales, delitos de odio, represión, racismo o devoluciones en caliente y un número considerable relacionado con las sanciones o multas que permite la norma.
Si las agrupamos por el estado en el que se encuentran, de las 12 legislativas, diez siguen en tramitación y dos han sido rechazadas. No ha sido aprobada ni una sola medida con rango de ley ni tampoco una sola PNL relacionada con la Ley de Seguridad.
Entre las más destacadas que siguen en trámite destaca la de Podemos-Grupo Mixto de 30 de marzo de 2024, coincidiendo con el 9º aniversario de la Ley, que propone reformar casi todo el articulado y añade varias disposiciones adicionales. Poco después, en mayo de 2024 llegó la de Sumar y en octubre, el intento conjunto de PSOE, Sumar, grupos Republicano y Vasco y Bildu. Finalmente, la presentada a solas por el Grupo Parlamentario Socialista en enero de este año.
Las planteadas por el Grupo Parlamentario Popular y Vox, contrarios a la derogación de esta norma, son preguntas parlamentarias en relación con la actuación policial en la disolución de manifestaciones de protesta, como las convocadas ante la sede del PSOE o la de un grupo de agricultores en Castellón.
La “Ley mordaza" siempre concitó el rechazo de todo el arco parlamentario a la izquierda del PP y de los grupos nacionalistas, además de la sociedad civil. En julio del año pasado, 35 organizaciones reaccionaron ante el anunciado Plan de Regeneración Democrática anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo de nuevo en un manifiesto la derogación de la norma.
En España, el espacio cívico se considera ‘estrecho’ según el indicador internacional CIVICUS, en gran medida debido a los efectos de la Ley** Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Órganos internacionales como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa han recomendado a España la reforma de esta norma y del Código Penal para evitar que puedan ser objeto de sanción la manifestación espontánea y la protesta pacífica legítima, que las identificaciones y registros de manifestantes sean arbitrarias y que el uso de la fuerza por parte de la policía pueda ser excesivo y no proporcional a la amenaza.
Estos son algunos de los factores que más inciden en el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de la libertad de expresión, especialmente en el caso de los defensores de derechos humanos y los periodistas. Según Amnistía Internacional, desde la aprobación de la Ley hasta diciembre de 2022, “se han impuesto algo más de 291.400 sanciones con base únicamente en dos artículos: resistencia, desobediencia o negativa a identificarse (36.6) y faltas de respeto a la autoridad (37.4), lo que supone el 77% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana”.
También Poletika, plataforma a la que pertenece Political Watch junto a 14 entidades que representan a 500 organizaciones sociales, se posicionó claramente contra algunos aspectos de esta ley y lamentó que no saliera adelante su reforma o derogación durante la pasada legislatura.
Los puntos que más preocupan a las organizaciones sociales y en los que, de momento, no hay acuerdo político, son las devoluciones en caliente; el uso de material antidisturbios potencialmente letal, como balas de goma; las sanciones graves por desobediencia y resistencia a la autoridad; las multas por faltas de respeto -es la sanción que más ha crecido y que otorga una autoridad injustificada a los funcionarios y desprotege a la ciudadanía- y la regulación de tenencia y consumo de drogas, que genera el 70% de sanciones de la “Ley mordaza”. Además, las organizaciones de la sociedad civil, como la plataforma NoSomosDelito, piden la prohibición expresa de redadas por perfil étnico y la eliminación del art.36.23, sobre el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado).
QueHacenLosDiputados.es es una herramienta que utiliza tecnologías de web-scraping y procesamiento del lenguaje natural (PLN) para extraer, clasificar y jerarquizar la información del Congreso. Puntúa la actividad y relevancia de sus señorías en 24 temas de gran calado social: desde política energética a acceso a la vivienda, casi todo lo que interesa a la población está indexado en esta potente aplicación. Incluye desde un buscador de cumpleaños de las y los diputados hasta la posibilidad de activar alertas sobre los temas de interés de cada usuario.
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