La organización Ashoka ha presentado su segundo estudio en el marco de la iniciativa AI for Better: un documento que propone 22 medidas para que las Administraciones Públicas adopten la inteligencia artificial de forma ética, transparente y orientada al fortalecimiento democrático. Dos años de investigación, aprendizaje colectivo y diálogo entre gobierno, sociedad civil, academia y sector tecnológico confluyen en un marco que pone la soberanía tecnológica y la participación ciudadana en el centro de la agenda civtech.
“El reto no es qué IA queremos, sino qué modelo de sociedad queremos y cómo la tecnología puede servir a ese propósito”, ha planteado Javier Pérez, director de Political Watch y emprendedor social Ashoka 2025, durante la presentación del nuevo informe "Inteligencia artificial al servicio de la democracia".
El estudio, que ha contado con un comité asesor de 14 personas expertas, plantea tres ejes para que la IA sea una herramienta pública confiable y alineada con el interés general:
Desde Political Watch creemos que la gobernanza de datos es clave. También necesitamos saber qué decisiones se están automatizando en la administración pública y garantizar que existan soluciones abiertas y transparentes. Cuando una sociedad controla estas tres patas, empieza a tener poder de negociación.
Para eso, necesitamos construir infraestructura de desarrollo confiable, establecer una gobernanza colaborativa de la IA y crear un fondo de soberanía tecnológica que permita a los gobiernos no depender exclusivamente de proveedores privados.
El documento subraya la importancia de conectar la inteligencia institucional con la innovación cívica y el emprendimiento social. Este enfoque es especialmente relevante para el ecosistema civictech: sin puentes reales entre lo público y lo social, la IA corre el riesgo de reproducir inercias, sesgos y desigualdades.
La IA puede convertirse en una aliada para ampliar el protagonismo ciudadano, siempre que se use con responsabilidad democrática. Solemos ejemplificarlo citando el caso de Brasil participativo, que tiene activada una escucha permanente y en cuya plataforma hay más de 1,5 millones de personas involucradas. Esto demuestra lo que es posible, aunque también hay que resistir la tentación del tecnosolucionismo, porque no vale que en Emiratos Árabes Unidos se pongan a legislar con IA cuando no existe un sistema democrático que lo sustente: no hay atajos a la democracia.
El informe recoge ejemplos de Ashoka Fellows que demuestran cómo la tecnología puede mejorar sistemas públicos:
Estos proyectos demuestran que la IA -si se diseña con criterios de equidad, transparencia y con una gobernanza participada- puede ser una infraestructura democrática que refuerce derechos.
La presentación del informe reunió a más de 200 personas en el Madrid Innovation Lab: responsables públicos, tecnólogos, activistas y organizaciones del ecosistema de innovación social. El hilo conductor del evento fue claro: la IA no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para profundizar la democracia, abrir instituciones y fortalecer capacidades públicas.
