Un nuevo informe de Political Watch revela la inoperancia del derecho de petición en España. Mientras en países como Alemania, Reino Unido o Estonia con un número razonable de firmas -recibidas por vía electrónica- una petición debe debatirse en el Parlamento, las Cortes españolas actúan solo como una ventanilla de trámite. Es decir, incumplen de facto el mandato que les hizo la Constitución en sus artículo 29 y 77, de atender las peticiones de las ciudadanas y ciudadanos a quienes representan.
Prueba de la poca importancia que se les concede a estas demandas ciudadanas y del rol autoasignado de meros intermediarios es que la Comisión de Peticiones del Congreso apenas se reúne entre 45 minutos y 3 horas anuales desde 2011 (una hora y media durante los 3 años y medio de la legislatura anterior). Como contraste, la Comisión de Presupuestos se reúne unas 150 horas por legislatura.
El análisis de Political Watch revela que las peticiones que han llegado a las Comisiones de Petición en Congreso y Senado a lo largo de la presente legislatura no han generado ningún efecto vinculado a las funciones parlamentarias. Es decir, las Cortes Generales sirven exclusivamente de ventanilla de entrada y de institución intermediaria, aunque podrían hacer mucho más:
No existen datos públicos sobre adónde llegan finalmente las peticiones trasladadas por el Congreso y si se traducen en alguna acción real. Tampoco las demandas de la ciudadanía están llegando al Ejecutivo. Con la información recabada por Political Watch que alimentará una investigación posterior, los ministerios reciben menos de una petición al mes.
Entre los principales temas de preocupación ciudadana están el funcionamiento de la justicia o medidas legislativas como la Ley de Amnistía o la reforma del Código Penal, asuntos relacionados con instituciones penitenciarias -como denuncias sobre las condiciones de las prisiones-, cuestiones sociales como ayudas a la dependencia, cobro del IMV o violencia vicaria y reclamaciones varias a la Administración, entre 15 temas en los que se ha categorizado su contenido.
"El problema no es solo de volumen, sino de efectividad. Las Cortes actúan como intermediarias administrativas que trasladan peticiones, pero sin garantías de seguimiento ni evaluación de impacto real", señala el informe elaborado por Miguel Ángel Gonzalo, director de Documentación en la Secretaría General del Congreso de los Diputados y profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Belén Agüero, directora de investigación de Political Watch.
El contraste de los datos nacionales con los de otros parlamentos europeos es demoledor:
• Reino Unido: 50 millones de firmas (2015-2019). Con 100.000 apoyos, debe abrirse un debate parlamentario
• Alemania: 2 millones de usuarios. Con 30.000 firmas, audiencia pública en el Bundestag
• Estonia: 1.000 firmas activan consideración parlamentaria obligatoria
• Escocia: Sistema sin umbrales mínimos, seguimiento en tiempo real
Cuatro comunidades autónomas destacan por haber desarrollado regulaciones específicas del derecho de petición parlamentario:
En el parlamento de Asturias cualquier persona puede ejercer este derecho por escrito o electrónicamente ante la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales. En este caso, las peticiones que se consideren "fundadas" obligan a adoptar medidas efectivas. Es el único modelo que garantiza consecuencias prácticas.
Cataluña cuenta con una plataforma digital propia con identificación verificable. En este modelo, es el Parlament quien decide si admite las peticiones. Admite la posibilidad de comparecencias presenciales. Los autores consideran que es un modelo “aceptable pero poco efectivo"
Murcia, por su parte, dispone de una Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, que puede solicitar información adicional a cada demanda. Por rendición de cuentas, presenta informe anual al Pleno. Su trabajo está detalladamente regulado en el reglamento de la cámara (arts. 216-220).
Finalmente, en Canarias se admiten peticiones individuales y colectivas. Hay posibilidad de traslado al Diputado del Común. La Mesa puede archivar peticiones abusivas.
El informe "El derecho de petición en el contexto digital", presentado hoy, plantea medidas específicas para las Cortes:
"No se trata de inventar nada nuevo, sino de hacer funcionar lo que ya existe en la Constitución", concluye el informe. "Parlamentos con gobiernos de todos los colores políticos en Europa han modernizado este derecho. Es un problema de Estado, no de partido".
"El derecho de petición en el contexto digital" analiza exhaustivamente el marco normativo español, compara experiencias internacionales y propone reformas específicas para las Cortes Generales y parlamentos autonómicos. Esta investigación ha sido realizada en el marco del convenio suscrito por Political Watch y la entidad pública Red.es, del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, y financiada con los fondos NextGenerationEU.
Descarga el informe completo aquí.
