Tras meses de trámites, hoy se aprueba una reforma del reglamento del Senado que no viene a ampliar la democracia en la Cámara, sino más bien a restringirla. Un mal mensaje en unos momentos en los que es urgente reconectar a la ciudadanía con las instituciones que la representan y un peligroso precedente contra las minorías.
Así, el artículo 108 contempla que para que un grupo pueda registrar una proposición de ley, esta debe ir firmada por «todos sus senadores». Esta idea nunca penalizará a los grupos mayoritarios, pero es letal en grupos integrados por diferentes organizaciones políticas, como el Plural, donde conviven Junts, Coalición Canaria o el BNG, o el de Izquierda Confederal, donde se reúnen Compromís, Más Madrid, Geroa Bai o la Agrupación Socialista Gomera.
Por otro lado, el nuevo reglamento del Senado ni siquiera menciona el registro de lobbies o la huella legislativa de cada senador/a, como sí hace el I Plan de Parlamento Abierto aprobado recientemente en el Congreso. “El avance en la transparencia, la rendición de cuentas y la participación que tanto necesitamos es desigual y desacompasado. Es momento de medidas de apertura radicales, no de avances tibios y mucho menos de pasos atrás”, afirma Javier Pérez, director de Political Watch.
Este es el tiempo que se dedicará anualmente a presentar el informe de la Comisión de Peticiones en el Pleno con la modificación del artículo 195. Se informará del número de peticiones recibidas y de la decisión adoptada sobre ellas, pero no se votará. Otra oportunidad perdida de profundizar en una vía de conexión entre la ciudadanía y sus representantes exitosa en otros países, como Alemania, Reino Unido, o la propia Unión Europea, que han transformado sus parlamentos en espacios más abiertos. Allí, las peticiones online pueden llegar a ser debatidas en el Parlamento si alcanzan un número determinado de apoyos, y aquí se les dedica 5 minutos en un pleno.
Con esta reforma, sus señorías se distancian también de sus representados con la distinta aplicación del silencio administrativo. Mientras que si la Administración no contesta a una solicitud de cualquier persona, esa falta de respuesta se considera negativa, para los senadores y senadoras que soliciten información a un organismo público y no consigan respuesta, ese silencio se considera positivo.
Es decir, que si a los 30 días de una solicitud de información, por ejemplo, a un Ministerio, no se les responde, la petición se considera estimada y la Mesa del Senado requerirá respuesta en tres días.
“Facilitar a los senadores y senadoras ejercer su derecho de acceso a la información pública no puede hacerse en ningún caso en mejores condiciones respecto de las que tiene cualquier ciudadano. Eso solo traslada el mensaje de que no todos somos iguales ante la ley”, reflexiona Pérez .
Sí es positiva la exigencia a sus señorías de presentar no solo las declaraciones de actividades y bienes patrimoniales, sino también las de rentas e intereses económicos, que no se incluyen explícitamente ahora. Además, el registro de intereses será íntegramente público y quienes no respondan a los requerimientos sobre incompatibilidades serán apercibidos también de forma pública, de forma que quede reflejado en su ficha dentro de la web de la Cámara.
El nuevo apartado 5 del art. 16 obliga a comunicar a la Comisión de Incompatibilidades, en el plazo de 30 días, de cualquier cambio que afecte a los datos registrados en las declaraciones de actividades, bienes y rentas y de intereses económicos. Cualquier variación detectada fuera de ese tiempo, será incluida como apercibimiento en la ficha de la web de cada senador/a.
También es positiva la creación de una comisión de vigilancia de las contrataciones de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal (art. 49 apartados 2 y 3), aunque no es legislativa.
La preocupación ciudadana por la política, reflejada en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha aumentado en los últimos años debido a la crispación, la corrupción y la percepción de ineficacia institucional. El Índice de Calidad de la Democracia 2024, publicado recientemente por la Fundación Alternativas también habla de un “estancamiento” de la calidad democrática en España, pero las y los representantes políticos no parecen reaccionar a las preocupaciones ciudadanas en este sentido.
Imagen de portada: Foto de Senado Cultural.
