Miércoles, 16 de octubre de 2024.- El asunto de la ocupación ha protagonizado 198 iniciativas en el Congreso en lo que llevamos de legislatura -desde preguntas de control parlamentario (las más) a iniciativas legislativas (las menos)-. Son tres veces más que las 54 que trataron sobre alquiler social y más del doble de las 83 sobre acceso a la vivienda.
Esto en un contexto en el que la preocupación por el acceso a la vivienda sigue alta en la lista de preocupaciones de la población española. Según las encuestas del CIS, se sitúa siempre entre los tres problemas que más afectan directamente a la ciudadanía, junto a la economía y la sanidad. Este determina especialmente la vida de los jóvenes, como corroboran estudios desde la OCDE al Consejo de la Juventud. Pero este clamor, reflejado el pasado fin de semana en la multitudinaria manifestación de Madrid para llamar la atención sobre los elevadísimos alquileres en la capital, no parece tener un reflejo paralelo en la Cámara Baja.
En esta legislatura, el Gobierno ha promovido un solo proyecto de ley relacionado directamente con la vivienda, el que buscaba modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que fue retirado por no tener visos de prosperar. Un segundo proyecto, el de la Ley de Familias, que incorpora también medidas para facilitar el acceso a la vivienda, continúa en proceso de enmiendas desde hace siete meses. Además, sigue el trámite la iniciativa del Gobierno para prorrogar las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual, que extiende la suspensión de los desahucios a personas vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028 y que proviene de una convalidación de un RDL anterior, el 1/2024. Es decir, no ha salido adelante ni una sola iniciativa legislativa para abordar un problema que ahoga a buena parte de la ciudadanía.
Por su parte, las iniciativas sobre ocupación, proceden en su mayoría del PP (178 de un total de 198) -que, entre otras cosas, ha preguntado al Gobierno por el número de ocupaciones que se han producido en cada provincia desde el año 2021-, y en mucha menor medida, de otros partidos como Vox (11), grupo autor de una proposición de ley que liga ocupación con inmigración. La ocupación de viviendas está lejos de ser un problema extendido: ha caído a sus cifras más bajas, puesto que solo afectó al 0’06% del parque de inmuebles el pasado año. Según las últimas cifras del Ministerio de Interior, las denuncias por este motivo descendieron en 2023 respecto al año anterior.
La gran mayoría de las iniciativas parlamentarias del PP relacionadas con la ocupación (168 de 178) son preguntas de control al Gobierno en el Congreso, además de dos Proposiciones No de Ley (PNL). En contraste, el Grupo Popular sólo se ha interesado por el alquiler social en 12 ocasiones, mayoritariamente registrando también preguntas al Gobierno (9). Los diputados del PP más activos en relación con el alquiler social han sido los elegidos por la provincia de Albacete Antonio Martínez Gómez, y Carmen Navarro Lacoba, con el apoyo del balear Joan Mesquida.
Sobre vivienda en general -incluyendo la petición de un Pacto de Estado sobre este tema- el Grupo Parlamentario Popular ha presentado seis PNL en el Pleno, tres de ellas relacionadas con rebajas fiscales a la electricidad.
Las propuestas para evitar los desahucios, sin embargo, vienen en su mayoría de los bancos progresistas, fundamentalmente de Sumar, del grupo Mixto y del propio Gobierno, en algunos casos a raíz de suicidios cometidos por el hecho de quedarse sin techo.
Entre las proposiciones de Ley promovidas por los grupos parlamentarios relacionadas directamente con este asunto, destacan dos del Grupo Mixto, lideradas por Podemos, la Proposición de Ley de prevención de la especulación y garantías de la vivienda como bien social y la Proposición de Ley de reducción temporal del diferencial aplicable en las hipotecas a tipo variable de la vivienda habitual en situaciones de vulnerabilidad económica, también con la firma de los 5 ex diputados y diputadas de Sumar. Ambas siguen en tramitación y con pocos visos de salir adelante.
Political Watch es una organización independiente que, a través del desarrollo de tecnologías cívicas, acciones de incidencia política e investigación, lucha por una sociedad más justa. La mejora de la calidad democrática y la vigilancia ciudadana de los poderes públicos son dos de sus prioridades.
NOTA: El análisis legislativo se ha realizado empleando la herramienta Qué Hacen Los Diputados: el Congreso Fácil, desarrollada por Political Watch.
Foto de mike nguyen en Unsplash
