La aprobación ayer del primer Plan de Parlamento Abierto es una buena noticia para la democracia española. Impulsado desde la Mesa del Congreso de los Diputados, es un programa novedoso de reformas que, aunque no es perfecto, permitirá acercar el Congreso a la ciudadanía. Lo aprobado trae avances significativos en transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Así lo valoramos desde Political Watch, una de las organizaciones que lleva años presionando para conseguir esta regulación, dentro de la coalición Ampliando Democracia.
Destaca la apuesta decidida por la regulación de la actividad de los lobbies, clave para asegurar que la participación en los asuntos públicos se da en condiciones de igualdad, así como la publicación de la huella legislativa, que favorece la trazabilidad de las normas que afectan a nuestro día a día.
Por contra, una de las grandes sombras del Plan es que no exige al Gobierno rendir cuentas sobre el cumplimiento de las cuestiones a las que las Proposiciones de No de Ley y mociones aprobadas en el Congreso le instan.
En materia de transparencia, el Plan promete también mejorar el sistema de información del Congreso para hacerlo accesible a personas con discapacidades visuales y auditivas.
Sobre participación, el documento es poco ambicioso. Los espacios de diálogo con sociedad civil que contempla no son suficientes y no hay un compromiso de someterse a una auditoría externa que evalúe los avances de este acuerdo.
Apoyamos la apertura de un proceso en la Comisión de Calidad Democrática para que la gente tenga más poder decisión sobre las leyes y políticas públicas que les afectan. Esperamos que ese trabajo en Comisión se materialice en propuestas concretas para abrir las puertas de la Cámara, que permitan el establecimiento de canales permanentes de participación.
“Este no es un asunto por el que enfrentarse en la arena política; es un asunto clave para la mejora de las instituciones y debe aplicarse ahora con un apoyo social y político amplio. Nos va la democracia en ello”, concluye Javier Pérez, director de Political Watch.
