Un plan necesario, pero con carencias y falta de participación y por eso, poco creíble. Este sería el resumen que las organizaciones especialistas en transparencia y buen gobierno hacen del Plan de Acción por la Democracia aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que incluye 31 medidas. Es especialmente débil en materia de integridad y rendición de cuentas y claramente poco ambicioso en participación ciudadana.
“Es curioso que se diseñe un plan de esta naturaleza de forma tan poco democrática, sin participación de ninguna de las casi 40 entidades especializadas existentes”, señala Javier Pérez, director de Political Watch, recordando que el derecho de participación está recogido en el artículo 23 de la Constitución.
Los ministros portavoces han recogido algunas de las iniciativas que reclamaban las organizaciones que suscriben esta nota, detalladas en su manifiesto del pasado mes de julio, como las sanciones a los representantes públicos que no publiquen sus declaraciones de bienes. También se han anunciado medidas de protección de la libertad de expresión y de prensa, pendientes de desarrollo en reformas legislativas posteriores, lo que valoramos positivamente, considerando que estos derechos pueden estar siendo limitados en España actualmente, según el indicador internacional CIVICUS.
Respecto a la esperada regulación de los lobbies, “esta medida se ha anunciado por sucesivos gobiernos y ya se incluye en el V Plan de Gobierno Abierto y en el Plan de Recuperación y Resiliencia, sin que se haya puesto en marcha nunca”, recuerda el presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry. Tanto el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) como el Informe sobre el Estado de Derecho de la UE han recomendado repetidamente a España avanzar en esta regulación, algo que ya están haciendo las instituciones Europeas (Parlamento, Consejo y Comisión Europea) y países como Francia y Alemania.
“En este plan no se menciona el reconocimiento del acceso a la información como un derecho fundamental que debe ser recogido como tal en la normativa española. Sin ese pilar básico de la transparencia, es difícil avanzar con solidez”, considera Carlos Cordero, de Access-Info Europe. “También es imprescindible abrir los registros de empresas y beneficiarios reales al público, investigadores y sociedad civil, con información reutilizable que permita realizar búsquedas”, añade.
No se han detectado mejoras sobre calidad normativa y seguridad jurídica, donde las organizaciones expertas creen necesario incluir límites al abuso del decreto-ley y evitar la aprobación normas que generen incertidumbre o incoherencias con otras existentes. Respecto a la desinformación, defienden que se publiquen los beneficiarios finales y las cuantías recibidas desde las campañas de publicidad institucional y cualquier otro recurso público.
Sobre la integridad y rendición de cuentas, es positivo que se estreche el cerco a quienes no publiquen las declaraciones de bienes, pero añadimos la necesidad de crear una oficina independiente y con capacidad para imponer sanciones a quienes incurran en conflictos de interés.
Finalmente, no hay menciones a la separación de poderes. Respecto a la cúpula del poder judicial, recordamos que es imprescindible tomar medidas efectivas para que los nombramientos se basen en criterios lo más objetivos posible. “Resulta crucial en una democracia que se refuercen los sistemas de contrapesos existentes para garantizar el equilibrio entre poderes, que cada institución cumpla su función y que los organismos de vigilancia puedan desarrollar su papel”, manifiestan desde Hay Derecho.
El manifiesto con todas las medidas propuestas por las organizaciones firmantes está disponible en el siguiente enlace.
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