![Análisis sobre la calidad democrática en España](/.netlify/images?w=448&h=320&q=70&fit=cover&url=%2Fimages%2Fposts%2Fanalisis-calidad-democratica-espana%2Fpawel.jpg)
A pesar de que la pandemia de COVID-19 lastró la XIV legislatura, entre 2019 y 2023 salieron adelante 10 potentes iniciativas legislativas para mejorar la vida y defender los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales e intersexuales. Así se desprende del análisis de la práctica parlamentaria, que es posible contrastar gracias a la iniciativa Qué Hacen Los Diputados, gestionada por el centro de investigación Political Watch y cuyo análisis se presenta en vísperas de la celebración del Orgullo.
Entre las normativas protectoras hay una específica para el colectivo, la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que fue aprobada por la Cámara en febrero de 2023 y destaca por facilitar el cambio de sexo registral a las personas trans, prohibir las terapias de conversión o promover medidas para la igualdad de trato en el entorno laboral.
Pero hay otras menos obvias que también ampliaron derechos. Por ejemplo, la modificación de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva prohíbe la discriminación por orientación sexual en la provisión de estos servicios de salud, mientras que la Ley Integral de igualdad de trato y no discriminación hace lo propio en todo el ámbito sanitario y apuesta por publicitar las sanciones impuestas por la difusión de contenidos sexistas o denigrantes. Dos medidas necesarias cuando sabemos que hasta un 20% de los miembros de la comunidad LGBTI en España se sienten discriminados en la sanidad, según una encuesta de la FELGTB, y más de un 30% en el caso de las personas trans.
En leyes de ámbito educativo, encontramos la conocida como Ley Celaá o la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que incorpora en su articulado el respeto a los principios de no discriminación. El mismo objetivo protector con los derechos LGTBI se extiende a otras normativas en áreas como el deporte, el empleo o la memoria democrática.
Aunque la legislatura actual, la XV, sólo ha consumido siete meses de vida y su cosecha legislativa no alcanza la del anterior período, sí se han planteado retos importantes. La aprobación de un futuro Pacto de Estado contra los Discursos de Odio desde la Subcomisión homónima recientemente creada es uno de ellosuno ellos. O el Proyecto de Ley de Familias, que -aunque todavía está en fase de enmiendas- reconocerá, seguramente con un amplio apoyo parlamentario, diversos modelos familiares y garantizaría derechos iguales a todos ellos, incluyendo a las familias formadas por parejas del mismo sexo y a las monoparentales. También en tramitación siguen la Proposición de Ley del Estatuto de las Trabajadoras y Trabajadores, que incluye disposiciones específicas para proteger a los empleados LGBTI y la de Salud Mental, que incorpora medidas para la comunidad LGBTI, que enfrenta tasas más altas de problemas de salud mental debido al estigma que todavía sufren.
Lo más reciente en medidas LGTBI es la solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, relativa a la lucha contra los discursos de odio. La iniciativa tiene apenas una semana y la presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Parece necesario incidir en este problema, puesto que, según datos del 'Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022' del Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.869 infracciones penales e incidentes de odio en España en 2022, lo que supone un incremento del 3,7 por ciento respecto a 2021. Los segundos más numerosos en este triste ranking son los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género (459 hechos), que suponen un 26,4% de las denuncias, sólo por detrás de aquellos con motivación racista o xenófoba.
Es una iniciativa de transparencia parlamentaria creada en 2011 por un equipo de desarrolladores y periodistas. Tras unos años de inactividad, Political Watch la reactiva en 2021 por un acuerdo con sus fundadores. Sus objetivos son promover la rendición de cuentas de las y los parlamentarios y acortar las distancias entre la ciudadanía y sus representantes políticos.
La tecnología de QHLD extrae y sistematiza en tiempo real toda la actividad parlamentaria del Congreso de España y la clasifica automáticamente según su relación con alguna de las 24 temáticas prioritarias para la pobreza, la justicia social y el desarrollo sostenible o con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Todas estas áreas temáticas han sido diseñadas junto con personas y organizaciones expertas en cada una de ellas. QHLD permite el acceso y descarga libre de toda la información disponible a través de la misma web en formato reutilizable Excel/CSV o a través de su API en formato JSON.
Political Watch es una organización independiente que, a través del desarrollo de tecnologías cívicas, acciones de incidencia política e investigación, lucha por una sociedad más justa. La mejora de la calidad democrática y la vigilancia ciudadana de los poderes públicos son dos de sus prioridades.
Las 10 leyes de la legislatura 2019-2023 (además de los presupuestos generales del Estado):
Foto de Raphael Renter en Unsplash