Definir la calidad democrática resulta una tarea compleja, tanto que aún no hay consenso acerca de su contenido, sus dimensiones o cómo puede medirse. En este caso, se utiliza el término de “calidad democrática” para referirnos al grado de democratización o de desempeño respecto a categorías fundamentales para un régimen democrático. Este último enfoque es el que caracteriza a algunos de los estándares internacionales que miden la calidad democrática y las libertades cívicas, como en el caso del de Freedom House, el de The Economist o el del Instituto de Democracia y Asistencia Electoral (IDEA). En estos estándares, la calidad democrática se aborda como una cualidad gradual y multidimensional que puede estar presente en diferentes grados, desde democracias consolidadas, hasta en regímenes más híbridos o autocráticos.
En el caso de esta investigación, vamos a utilizar índices que miden el grado de democratización y el nivel de desempeño democrático de los países basándonos en una aproximación multidimensional, abordando la democracia como un proceso continuo y evolutiva1.
En relación con el nuevo ecosistema digital, el acceso a Internet ha supuesto una transformación en la forma en la que nos comunicamos, aprendemos, consumimos o nos movilizamos y, por supuesto, ha tenido un impacto también en la naturaleza de la democracias. Es evidente que el nuevo ecosistema digital es un espacio que revoluciona e influye directamente en el ejercicio de las libertades cívicas o en la participación, entre otros aspectos. Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, el 5G o los avances en técnicas biométricas, suponen un cambio de paradigma respecto al futuro de la privacidad, la libertad de expresión y los sistemas democráticos2.
En términos cuantitativos el mundo es hoy más democrático que nunca. Actualmente existen en el mundo 97 democracias, número que ha ido en aumento durante los últimos 40 años3. Pero, a pesar de los avances cuantitativos, hay una profunda erosión en el funcionamiento y calidad de las democracias en todo el mundo. Según los índices de Freedom House, del informe de IDEA y del Democratic Index del The Economist Intelligence Unit (EIU), el contexto global respecto al estado de la democracia en los últimos años viene marcado por el desencanto de la ciudadanía y por el retroceso en libertades civiles. Teniendo en cuenta los resultados del informe de del Democracy Index de The Economist, 2018 es un año en el que los niveles de democracia se han mantenido estables a nivel global tras 3 años de deterioro continuo4. Algunos autores señalan que nos encontramos ante la “tercera ola de autoritarismo”5, 6 De hecho, según el Democratic Index de The Economist, la mayoría de las democracias son defectuosas, concretamente un 32,9% de los países del mundo frente al 12% de las democracias plenas7. En este sentido, el número de democracias débiles sigue aumentando y el desempeño democrático es cada vez más bajo. De hecho, las regiones con democracias más antiguas como América del Norte y Europa son al mismo tiempo las regiones que más erosión democrática han sufrido en los últimos 5 años8.
Dada la situación actual de falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y de alta polarización de los discursos políticos, existe el riesgo de que la debilitación de las democracias continúe y de que se produzca un retroceso en países con las democracias más consolidadas.
En un contexto global de crisis democrática, España se mantiene, por el momento y a grandes rasgos, como una democracia resiliente a las amenazas externas. Según el Democratic Index, elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), España se sitúa en el grupo que encabeza los índices de calidad democrática concretamente en la 19ª posición dentro del grupo de “democracias plenas”. En otros índices de referencia, como el que elabora Freedom House, obtiene una puntuación de 92 sobre 100 9.
A pesar de situarse en niveles altos de calidad democrática, en España existe una brecha evidente y generalizada de los gobiernos en su relación con la ciudadanía. Esta brecha se produce debido a varios factores como la ruptura del contrato social, la digitalización de la sociedad, la caída en descrédito de los sistemas económicos liberales y la crisis de las democracias. Algunos ejemplos de esta brecha en España son las movilizaciones del movimiento feminista o el movimiento 15M. En España los resultados del CIS han ido mostrando evidencias de este claro desencanto de la ciudadanía española hacia sus representantes políticos10.
Según la clasificación de Civicus, el espacio cívico en España se califica como estrecho. Esta calificación se debe fundamentalmente a que la libertad de asociación pacífica y la libertad de expresión no están garantizadas actualmente en España11.
Respecto a la lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de Transparencia Internacional, la corrupción ha mejorado en España 4 puntos respecto al año anterior12. A pesar de que no se trate de un aumento significativo, podemos afirmar que son indicadores positivos sobre el estado de la corrupción en nuestro país.
En su relación con los partidos políticos, la ciudadanía exige una participación que va más allá del voto periódico característico de las democracias representativas. Los procesos electorales son un momento de interacción entre la ciudadanía y los partidos políticos en el que se establece un debate público en torno al diagnóstico de los principales retos a enfrentar. A pesar de que los programas electorales no tienen validez jurídica, son un elemento clave para entender qué diagnóstico hace cada partido sobre los principales retos a enfrentar y cuál es su voluntad política para avanzar en dichas cuestiones.
Es por ello que, en el marco de esta investigación, resulta fundamental hacer un análisis de las propuestas de los partidos políticos con el objetivo de conocer su posicionamiento en torno a temas concretos y relevantes relacionados con la calidad democrática y el nuevo ecosistema digital. Para ello, hemos analizado 76 programas electorales con los que partidos políticos de ámbito estatal concurrieron a los comicios europeos, generales y autonómicos celebrados en España durante 2019. A continuación, se presentan las principales conclusiones del análisis de los programas para las elecciones europeas y generales. En el caso de los programas autonómicos, su análisis se ha incorporado en una tercera sección en la que se presenta una comparativa del nivel de coherencia interna de los partidos en cuanto al contenido de sus programas europeos, estatales y autonómicos.
Las pasadas elecciones europeas se celebraron en un momento trascendental para Europa. El aumento de la desigualdad, la gestión de los flujos migratorios, la amenaza de la salida de Reino Unido de la Unión Europa y el surgimiento de movimientos nacionalistas-populistas y euroescépticos suponen un gran desafío para la Unión Europea y todos ellos estuvieron en el debate público y político previo a las elecciones.
A partir de la revisión de nueve programas electorales para las elecciones europeas, se extraen las siguientes conclusiones:
En los programas electorales elaborados para las elecciones generales de 2019 encontramos una tendencia a unos compromisos electorales ambiciosos en cuanto al fortalecimiento de la calidad de nuestra democracia. Sin embargo, cuantitativamente las propuestas en materia de calidad democrática y derechos digitales sólo suponen un 5% (231 propuestas) del total de las propuestas electorales.
El avance sobre los mecanismos de participación o sobre cuestiones relacionadas con la libertad de expresión va a depender de las aritméticas parlamentarias y de la capacidad de los partidos para alcanzar pactos.
En conclusión, del análisis de las propuestas electorales de los principales partidos políticos de ámbito estatal, podemos predecir que ésta será una legislatura con avances en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, además de con reformas en la legislación electoral. Por el contrario, el avance sobre los mecanismos de participación o sobre cuestiones relacionadas con la libertad de expresión va a depender de las aritméticas parlamentarias y de la capacidad de los partidos para alcanzar pactos.
En este apartado, se pretende ofrecer un análisis de la coherencia interna de los partidos entre sus propuestas de cada uno de los tres niveles administrativos: europeo, estatal y autonómico. Como conclusión general, los cinco partidos políticos con representación estatal analizados mantienen un alto grado de coherencia con los temas que priorizan y en la línea en la que lo hacen.
En el caso de Ciudadanos, destaca su compromiso con los mecanismos de transparencia y de lucha contra la corrupción, tanto a nivel europeo como estatal y autonómico, apostando por la creación de portales de transparencia a varios niveles. Sin embargo, es llamativa la ausencia en sus programas autonómicos de propuestas sobre la creación de un registro de grupos de interés y sobre la publicación de las agendas de los cargos públicos. Por otra parte, hay una clara falta de apuesta por los mecanismos de participación política de la ciudadanía, más allá de la eliminación del voto rogado, excepto en su programa autonómico de Cataluña en el que sí se proponen ciertos canales de participación para la ciudadanía.
En el caso del Partido Popular, parece estar más comprometido con los avances democráticos a nivel autonómico que a nivel estatal o europeo. Además, llama la atención su falta de compromiso en materia del derecho al acceso a la información y los mecanismos de participación ciudadana en sus programas europeos y estatales, mientras que sí se comprometen con ello en sus programas autonómicos. Destaca su absoluta falta de compromiso con temas relacionados con la ampliación de derechos fundamentales y libertad de expresión, sin abordar la posible modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en el ámbito europeo como estatal y autonómico.
Más allá de las propuestas para el establecimiento de un canal de denuncias de casos de corrupción y de resaltar la importancia de la separación de poderes, Vox no menciona ningún tema relacionado con la calidad democrática en ninguno de sus seis programas analizados. En contraposición, todos sus programas contienen medidas que suponen un claro retroceso del espacio cívico, como la penalización de actos relacionados con la libertad de expresión.
El PSOE muestra cierta incoherencia en su nivel de apuesta y ambición respecto al avance en el fortalecimiento de la democracia. La presencia de propuestas en este sentido es prácticamente inexistente a nivel europeo pero, sin embargo, presenta unas propuestas mucho más ambiciosas a nivel estatal y autonómico. En estos programas sí encontramos propuestas en materia de participación ciudadana electoral, como la eliminación del voto rogado o la eliminación del principio de reciprocidad que facilite el voto a la población extranjera. Sin embargo, sólo a nivel autonómico se encuentran propuestas que refuercen la democracia participativa, aunque sin hacer mención a la reforma del sistema electoral. Resulta sorprendente la falta de mención y reconocimiento al derecho de acceso a la información en ninguno de los tres niveles administrativos. Otro de los aspectos que llama la atención por su incoherencia tiene relación con la lucha contra la corrupción, puesto que sólo hay propuestas relativas a este tema, como la elaboración de un registro de los grupos de interés y la regulación de su actividad, a nivel de propuestas autonómicas pero no existe ninguna mención en sus compromisos para Europa o a nivel estatal. Respecto a la lucha contra la desinformación, resulta sorprendente que, dada la importancia y la gravedad de sus consecuencias en la convivencia social y en el clima democrático, únicamente apuesten por una estrategia para luchar contra la desinformación a nivel europeo, olvidando la problemática a nivel estatal español.
En general, Unidas Podemos mantiene un alto nivel de coherencia entre las propuestas de sus programas europeos, estatal y autonómicos. Como característica principal, destaca su apuesta en los tres niveles administrativos por fortalecer los mecanismos de participación política de la ciudadanía y la soberanía popular. Así, es el único de los cinco partidos analizados que apuesta en los tres niveles por fortalecer y facilitar los mecanismos para la presentación de ILP y la convocatoria de referéndums. Por el contrario, en ningún caso queda contemplado el derecho de acceso a la información y sólo recogen la mejora del acceso a la información en sus programas autonómicos. En sus propuestas estatales y autonómicas apuestan por un plan ambicioso de lucha contra la corrupción, por la protección de alertadores (aunque sin establecer una ley concreta que recoja esta protección) y por la regulación de lobbies (aunque no menciona en base a qué estándares), pero no hay ninguna mención al respecto en su programa europeo. Otro de los aspectos fundamentales de las propuestas electorales de Unidas Podemos en los tres ámbitos territoriales analizados es su apuesta por la democratización del acceso a las nuevas tecnologías y la adaptación de la legislación al nuevo sistema digital. A nivel europeo y estatal, Unidas Podemos pone el foco en una gobernanza democrática y abierta que defienda la protección de los datos de las personas usuarias frente a la explotación de los mismos por parte de grandes corporaciones.
El Congreso de los Diputados es un foro único e insustituible, icono del sistema democrático y en el que tienen cabida y representación la pluralidad de intereses, prioridades y preocupaciones de la sociedad. Por ello resulta interesante hacer una retrospectiva para analizar qué visiones y propuestas se han planteado a lo largo de las últimas legislaturas sobre los temas que nos ocupan y tratar de detectar si se ha producido alguna variación fundamental en esta tendencia a partir de la entrada de los partidos de ultraderecha en las instituciones democráticas en España.
La XII legislatura (del 19 de julio de 2016 hasta el 5 de marzo de 2019) no fue excesivamente significativa en temas relacionados con la calidad democrática. Dicha legislatura se caracteriza por un Congreso de los Diputados muy fragmentado y con la presencia de un Gobierno del Partido Popular sin mayoría absoluta. Uno de los hechos paradigmáticos acontecidos en esta legislatura, y con gran relevancia en lo que a calidad democrática se refiere, son las dos mociones de censuras (la tercera y cuarta en la historia del Estado español) presentadas contra el Presidente del Gobierno. Mariano Rajoy.
En general, se trata de una legislatura en la que los avances relacionados con la calidad democrática quedaron en un segundo plano, tanto a nivel de debate político, como a nivel legislativo y ejecutivo.
Respecto a la actividad legislativa, fue escasa en lo cuantitativo y pobre en cuanto a la ambición y la calidad de los avances propuestos. Si tenemos en cuenta sólo la actividad legislativa, encontramos un total de 30 iniciativas relevantes relacionadas con la calidad democrática y los derechos digitales (y en 43 enmiendas a éstas). Dentro de estas, podemos destacar varias conclusiones:
Más allá de ser una legislatura breve, se aprecia la dificultad existente para llegar a consensos y establecer un diálogo político constructivo y fructífero en temas de tal relevancia como la transparencia o la corrupción. Prueba de ello es que de las 30 iniciativas legislativas relevantes para estas materias sólo se aprobaron 2 (el 7%).
La XIII Legislatura, con el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones tras la moción de censura a Mariano Rajoy, ha sido la de más corta duración de la historia de la democracia española y produjo muy escasa actividad parlamentaria en prácticamente todos los ámbitos, incluidos la calidad democrática y los derechos digitales. Respecto a la actividad parlamentaria, hay un total de 70 actos parlamentarios relacionados con infraestructuras digitales, seguridad ciudadana, corrupción, alertadores y memoria histórica, pero cerca de la mitad de ellos son preguntas parlamentarias, lo cual es indicativo de la escasa trascendencia política de la actividad parlamentaria durante dicho periodo.
En términos cuantitativos, el mundo nunca ha sido tan democrático como a día de hoy. A pesar de ello, hay evidencias de una profunda erosión en el funcionamiento y calidad de las democracias en el mundo, incluidas las más consolidadas. Esta erosión está marcada por el desencanto de la ciudadanía, por el debilitamiento en la separación de poderes, en el control sobre las instituciones gubernamentales y en la rendición de cuentas y por el retroceso en las libertades civiles. Todo este cocktail de circunstancias se combina con el auge de los discursos políticos populistas en un círculo vicioso que aumenta el riesgo de que la debilitación de las democracias continúe y de que los retrocesos se extiendan a países con las democracias más consolidadas.
A pesar de este retroceso democrático global, los principales indicadores internacionales muestran que en términos generales la calidad democrática en España sigue manteniéndose con cierta estabilidad respecto a sus cualidades fundamentales. Dentro de las categorías analizadas, hay cierta disparidad en el comportamiento, con cuestiones que parecen estar evolucionando positivamente, como la lucha contra la corrupción, frente a otras, como el espacio cívico en claro retroceso, por el deterioro en derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión o de asociación.
En relación con las propuestas electorales de los partidos, cabe destacar que en muchos de los ámbitos analizados éstas presentan un nivel elevado de ambición en cuanto al fortalecimiento de la calidad democrática. Esta ambición es menor en los programas para las elecciones europeas, especialmente en los partidos de centro y de derecha. En el caso de las elecciones generales, la ambición no sólo es mayor, sino que se observa cierto consenso o alineación de muchos partidos en torno a cuestiones esenciales como la transparencia, la lucha contra la corrupción, la reforma en la legislación electoral, el gobierno abierto, la ciberseguridad o la reducción de la brecha digital. Por el contrario, el consenso en cuestiones como los mecanismos de participación o la libertad de expresión es mucho menor y los avances van a depender de las aritméticas parlamentarias y de la capacidad de los partidos para alcanzar pactos. En términos de la coherencia interna de los partidos entre sus propuestas en cada uno de los tres niveles administrativos analizados (europeo, estatal y autonómico), cabe destacar que los cinco partidos políticos analizados mantienen un alto grado de coherencia con los temas que priorizan y en la línea en la que lo hacen.
Lamentablemente, ni el adverso contexto internacional descrito ni la ambición de las propuestas electorales se han visto en absoluto reflejadas en la actividad de los partidos políticos ni en la consecución de avances políticos relevantes en estas materias en las dos últimas legislaturas en España.
Ni el adverso contexto internacional descrito ni la ambición de las propuestas electorales se han visto en absoluto reflejadas en la actividad de los partidos políticos ni en la consecución de avances políticos relevantes en estas materias en las dos últimas legislaturas en España.
Uno de los aspectos que resulta más preocupante es que ante las amenazas y retrocesos globales en torno a la libertad de expresión, en España no haya habido consenso entre los grupos parlamentarios para reforzar este derecho, a pesar de su blindaje constitucional. De hecho, en lugar de ser uno de los grandes consensos entre diferentes grupos políticos, es uno de los que más controversia supone entre partidos como el Partido Popular, impulsor de la Ley Mordaza, y otros, como Unidas Podemos o el Partido Nacionalista Vasco, que abogan por medidas para reforzar la libertad de expresión. Además, el posicionamiento de Vox, que supone un claro retroceso respecto a la libertad de expresión, puede acabar marcando el tono del debate público, y convertirse en una clara amenaza para el avance en esta cuestión.
Otra de las conclusiones relevantes de este análisis es que los partidos políticos sí parecen haber incorporado en sus posicionamientos las amenazas y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Sin embargo, en esta cuestión también hay divergencia entre partidos. Así, los más tradicionales siguen sin incluir las perspectiva de los derechos y deberes digitales ni abordan cuestiones clave como la soberanía tecnológica o la privacidad en Internet.
En relación a la transparencia y a la lucha contra la corrupción, siendo dos de los aspectos que más preocupan a la ciudadanía española, parece existir cierta disputa por el liderazgo y la iniciativa política entre distintos partidos. Ese es el caso de la transposición de la Directiva Europea de protección de alertadores (con las iniciativas de Ciudadanos, de Vox y la conjunta de Más País, ERC, BNG y Compromís) y de las distintas propuestas para el registro de los grupos de interés (principalmente de Ciudadanos y del Grupo Mixto).
Artículo originariamente firmado por nuestra compañera Irene Martín