12 de diciembre de 2024.- Los parlamentos de las comunidades autónomas españolas no quieren abrir sus puertas a los ciudadanos, y no sólo el Día de la Constitución. Así lo piensan, al menos, los cuatro que han compartido sus mejores prácticas de participación ciudadana por medios digitales en el encuentro organizado en Madrid por Political Watch.
Las Cortes de Aragón, el Parlamento Canario, la Asamblea de Madrid y las Cortes Valencianas, además del Congreso y el Senado, han protagonizado este encuentro inédito en el que se han planteado iniciativas concretas para escuchar a la ciudadanía y dejar que ésta oriente las políticas que van a influir en sus vidas.
Estas cuatro instituciones ofrecen formas de participar -como Proposiciones No de Ley, enmiendas y preguntas ciudadanas- que no son aún posibles en las Cortes Generales. De hecho, la mayoría de las experiencias innovadoras de participación ciudadana en España provienen de los parlamentos regionales.
“En tiempos de desconexión de la población con las instituciones, avanzar hacia una vinculación mayor de los ciudadanos con sus representantes es crucial, y hacerlo por medios digitales, que facilitan ese acceso, debería ser un mandato para todas las instancias del Estado, sobre todo cuando es tan descentralizado como el nuestro”, ha asegurado Javier Pérez, nuestro director
El diálogo de la jornada se ha centrado en las buenas prácticas que ya existen en los parlamentos autonómicos, como la plataforma digital Parlament@ Canarias, que abre los procesos legislativos de la cámara a la ciudadanía. Es una experiencia única a través de la que se puede opinar sobre las aportaciones de otras personas y valorar positiva o negativamente los comentarios del resto de participantes. Al final del debate se elabora un documento que incorpora todas las aportaciones ciudadanas realizadas, se envía a los grupos parlamentarios y se publica en la web del Parlamento.
También hay muchas buenas prácticas que rescatar del pasado, como recuerda Antonio Lucio, letrado de la Asamblea de Madrid, que pone como ejemplo la comisión para el control de las contrataciones públicas que salió adelante en 1987 por acuerdo de todos los grupos políticos, desde Izquierda Unida a Alianza Popular. “Algo que hoy sería impensable”, cree Antonio.
También en el caso de las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) los parlamentos autonómicos van muy por delante de la regulación estatal. Así, las Cortes Valencianas establecen en 10.000 las firmas necesarias para activar una ILP (sólo el 0’26% de su censo), la Asamblea de Madrid requiere las rúbricas de 50.000 ciudadanos (0’95% de los electores) y en Canarias pueden plantear una iniciativa legislativa 15.000 personas, lo que supone el 0’83% de su censo.
Todas están por debajo del umbral del 1% considerado como idóneo. Por contra, a nivel estatal se requieren 500.000 firmas para que llegue al Congreso una ILP, lo que supone el 1,5% del electorado, cuando lo recomendable serían unas 300.000.
En cualquier caso, según Orestes Suárez Antón, profesor de la Universidad de la Rioja, doctor en Gobierno y Administración Pública de la UCM y uno de los mayores expertos en este área, las ILP son una herramienta de participación “dificultosa e ineficaz para canalizar las propuestas legislativas de la ciudadanía”. Suárez apuesta más por modernizar el derecho de petición, un ámbito en el que no ha ahondado ningún parlamento en España, mientras que ya es una realidad en un buen número de países de nuestro entorno.
Esta acción se ha realizado al amparo del Convenio suscrito entre Red.es del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y Political Watch para el impulso a la implementación de la Carta de Derechos Digitales en el ámbito de los derechos de participación. Las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos NextGenerationEU. El evento ha contado además con el apoyo de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia Comillas y la participación de diversas organizaciones sociales, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundación Jiménez Abad o la plataforma de participación política Osoigo._
