Los datos sobre financiación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia muestran una fuerte concentración del gasto en el acogimiento residencial, que absorbe el 82,3 % de la inversión, frente al 9,2 % destinado al acogimiento familiar y apenas un 4,4 % a prevención. Y eso que mantener a los niños, niñas y adolescentes en entornos familiares es el objetivo de la estrategia nacional y lo que recomiendan todos los expertos.
Esta contradicción se muestra en los resultados que desvela del informe “¿Cómo influye la financiación en el sistema de protección a la infancia y adolescencia en España? El reto de la desinstitucionalización”, presentado hoy por la Plataforma de Infancia. El estudio analiza contratos y subvenciones adjudicados entre 2024 y 2025 gracias a la herramienta creada por Political Watch, que ha permitido procesar más de 3 millones de contratos y más de 150.000 subvenciones, de las que se han analizado en profundidad unos 1.000 contratos y unas 2.000 subvenciones. En total, se han contabilizado al menos 516,4 millones de euros comprometidos en esos 2 años para financiar el sistema que atiende niñas, niños y adolescentes privados de cuidado familiar.
“Esta distribución evidencia una inercia a confiar el cuidado de niñas, niños y adolescentes a centros residenciales, lo que dificulta el avance hacia modelos más familiares y comunitarios”, ha señalado Leire Olmeda, experta en datos de la Plataforma de Infancia. “Estos datos llaman la atención si tenemos en cuenta que el Gobierno, con el acuerdo de las comunidades autónomas, ha fijado como objetivo que, para 2030, el 70% de la infancia en protección esté acogida en familias, cuando actualmente se sitúa en torno al 51%. La financiación, sin embargo, sigue orientándose en sentido contrario”.
Además, el informe detecta importantes diferencias entre comunidades autónomas, así como un uso elevado de procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación pública, que alcanza los 155,9 millones de euros. A esto se suma que el 57,3 % de los contratos analizados cuenta con una única oferta, un dato que supera ampliamente la media estatal y europea y que supone riesgos para la libre concurrencia y la calidad de las licitaciones de servicios de protección de la infancia y la adolescencia.
Según Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia, los datos muestran diferencias importantes entre territorios. Eso también ocurre en los datos. De hecho, hay siete comunidades autónomas que no están 100% integradas en el Portal Estatal de Contratación: son Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, País vasco, La Rioja, Navarra. Tampoco comparten en el sistema general los datos de los contratos menores, por los que a menudo se escapa el dinero.
Para poder realizar este análisis, ha sido necesario recurrir a metodologías específicas de recogida y tratamiento de datos a partir de distintas plataformas públicas, de las que se ha encargado Political Watch.
“Esto refleja un problema de base: la información es pública pero no es lo suficientemente accesible ni está completamente centralizada.Mejorar la transparencia es clave para garantiza r una rendición de cuentas efectiva”, ha señalado Pablo Martín, director de tecnología de Political Watch.
El informe también estudia la situación de la infancia migrante no acompañada, donde el 99,1 % de la inversión identificada se destina a acogimiento residencial. Los datos muestran que, en la práctica, la infancia migrante no acompañada es atendida casi exclusivamente en recursos residenciales. Esto supone que, según el origen, las niñas, niños y adolescentes no acceden en igualdad de condiciones a otras alternativas del sistema de protección, lo que apunta a una forma de discriminación institucional que debe corregirse.
A partir de estos resultados, la Plataforma de Infancia insiste en la necesidad de mejorar la planificación de los recursos públicos destinados al sistema de protección a la infancia y la adolescencia, reduciendo el uso de procedimientos de urgencia y emergencia y reforzando la estabilidad en la contratación de servicios esenciales. El análisis apunta a que la falta de planificación estructural condiciona la forma en que se organizan los recursos y dificulta una respuesta coherente a largo plazo.
Asimismo, el informe subraya la necesidad de reorientar de forma progresiva el modelo de financiación hacia el fortalecimiento del acogimiento familiar y las políticas de prevención, que actualmente cuentan con una inversión significativamente menor que el acogimiento residencial. Toledano considera que “solo un cambio estructural en el uso de los recursos públicos permitirá avanzar de forma efectiva en el proceso de desinstitucionalización y garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección”.
Imagen de portada: Foto de Plataforma de Infancia.
