Este informe examina críticamente la evolución del derecho de petición en España en el marco digital, destacando sus limitaciones estructurales, como su carácter residual y no vinculante, frente a experiencias más eficaces en Alemania, Reino Unido o Escocia. Reflexiona sobre la importancia estratégica de incorporar este derecho en procesos legislativos y de participación ciudadana mediante plataformas digitales públicas, potenciando su impacto político real, la transparencia institucional y la rendición de cuentas. Se plantean recomendaciones específicas para revitalizarlo como mecanismo efectivo de interacción democrática.
Miguel Ángel Gonzalo (Archivero-Bibliotecario de las Cortes Generales. Profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid) y Belén Agüero (Directora de Investigación de Political Watch).