- Ante la comparecencia hoy del presidente del Gobierno en el Congreso, las organizaciones expertas Access Info Europe, APRI, Civio, Hay Derecho y Political Watch alertan sobre la falta de avances en materia de regeneración democrática
- La Comisión Europea publicó ayer su Informe sobre el Estado de Derecho en 2025, que incluye un capítulo sobre España con nuevas recomendaciones sobre el registro obligatorio de grupo de interés, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales o sobre nombramientos en el sistema judicial.
Las organizaciones Access Info Europe, Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Civio, Hay Derecho y Political Watch muestran su enorme preocupación por la parálisis del Gobierno de España en lo que a regeneración democrática se refiere.
Hace ya un año, en julio de 2024, estas entidades volcadas en la construcción de un sistema democrático más transparente y sólido, lideramos la creación del manifiesto “Medidas en materia de regeneración democrática urgentes y necesarias” al que se adhirieron más de 40 organizaciones de la sociedad civil.
Lejos de haber registrado avances, España atraviesa una crisis institucional que se agrava cada día, con un marco de corrupción generalizada y de espaldas a la ciudadanía .
Ante la ausencia de un compromiso real del gobierno por tomar decisiones en materia de regeneración democrática, las entidades firmantes proponemos que se adopten cinco reformas urgentes antes de que termine la legislatura:
- Reforzar y blindar los mecanismos contra la corrupción: deben fortalecerse organismos clave como la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que hoy carece de autonomía funcional y medios para cumplir su mandato. Es urgente dotarla de independencia real, recursos adecuados y capacidad sancionadora frente a represalias. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) debe ser reforzada, contar con independencia orgánica y presupuestaria y con capacidad efectiva para prevenir e investigar la corrupción en la contratación pública. Debe garantizarse el acceso al registro de beneficiarios reales —clave para combatir el blanqueo de capitales— por parte de periodistas, sociedad civil y otros actores legítimos, alineando la normativa española con las directivas europeas más recientes.
- Actualizar la Ley de Transparencia y garantizar el acceso a la información como derecho fundamental: el derecho de acceso a la información sigue sin estar reconocido como derecho fundamental en España. Proponemos reformar la Ley 19/2013 como ley orgánica, vinculándola expresamente al artículo 20.1.d) de la Constitución, para asegurar que ninguna norma de rango inferior pueda limitarlo. Exigimos transformar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en un órgano independiente, con capacidad sancionadora, autoridad real y medios suficientes. Sus miembros deben ser elegidos por el Congreso mediante concurso público, con independencia política garantizada. Proponemos establecer un marco nacional obligatorio de transparencia algorítmica, con registro público de algoritmos, evaluaciones de impacto ético y jurídico, y garantías para que cualquier ciudadano pueda saber cómo influyen los sistemas automatizados en decisiones que les afectan.
- Regular de forma integral los grupos de interés y reforzar el control de los conflictos de intereses: España sigue sin una legislación eficaz sobre lobbies, pese a las reiteradas recomendaciones de organismos como la OCDE o GRECO. Exigimos una regulación que defina claramente quién es un grupo de interés, establezca un registro público y obligatorio, un código de conducta común, y la trazabilidad de su influencia en las decisiones públicas. Reclamamos un régimen sancionador efectivo tanto para representantes de intereses como para responsables públicos. Proponemos crear una Oficina de Conflictos de Intereses verdaderamente independiente y con competencias amplias para regular y supervisar cuestiones como puertas giratorias, declaraciones de intereses, y la rendición de cuentas de altos cargos. Esta visión de la integridad pública debe incluir también a asesores, técnicos y otros decisores más allá del núcleo político.
- Consolidar mecanismos de participación ciudadana real y deliberativa: Frente a la creciente desafección ciudadana, proponemos reformas concretas que amplíen y hagan más accesibles los cauces de participación pública:
- Modernizar la Iniciativa Legislativa Popular, para que deje de ser una herramienta simbólica y permita influir de verdad en la agenda legislativa.
- Reformar el derecho de petición, haciéndolo más ágil, eficaz y accesible en la práctica.
- Institucionalizar formas de democracia deliberativa, como Paneles o Convenciones Ciudadanas, que permitan a la sociedad civil formar parte del debate y las decisiones sobre los principales desafíos del país.
- Mejorar la calidad normativa y reforzar el papel del Parlamento: alertamos sobre el uso abusivo del Real Decreto-ley, especialmente en forma de "leyes ómnibus" que agrupan medidas muy heterogéneas, eludiendo el debate parlamentario y reduciendo la transparencia legislativa. Proponemos limitar esta figura a los supuestos estrictamente definidos en la Constitución (art. 86) y reforzar el papel de las Cortes Generales como espacio clave de deliberación democrática, transparencia y control. Estas cinco reformas se consideran mínimos indispensables para frenar el deterioro institucional y reconstruir la confianza ciudadana. Las organizaciones instamos al Ejecutivo a cumplir sus compromisos en materia de transparencia e integridad pública y a impulsar estas medidas antes de que termine la legislatura actual.
Aquí se encuentra el documento que desgrana las cinco medidas urgentes y
necesarias que las cinco organizaciones firmantes consideran fundamentales.
